La pandemia de COVID-19 y el posterior cierre de prácticamente todos los gimnasios del país han tenido un impacto sin precedentes en el sector. Aunque la crisis está lejos de haber terminado, es importante considerar cómo podría ser el mundo después de la pandemia.
Es una práctica habitual de los legisladores crear leyes de forma reactiva. Casi todas las propuestas legislativas pueden remontarse a las acciones de una empresa o un individuo, que inspiran a los legisladores a introducir una nueva ley. A menudo, las acciones de unos pocos malos actores pueden dar lugar a regulaciones más estrictas para toda una industria. Aunque la mayoría de los clubes se han comportado de forma responsable durante estos tiempos turbulentos, las acciones de un puñado de operadores podrían dar lugar a una reacción legislativa contra los clubes.
Anulación de los contratos de afiliación
La gran mayoría de los clubes han trabajado con sus socios para permitirles pagar una tarifa modificada, congelar o cancelar su afiliación durante los cierres. Algunos malos actores provocaron la indignación debido a sus políticas de facturación y cancelación, que obligaban a los socios a seguir pagando las mismas tarifas de afiliación aunque no pudieran acceder al club, y no les daban ninguna otra opción. Algunos clubes se enfrentan a demandas judiciales por este motivo.
Aunque es imposible predecir con exactitud cómo podría ser la futura legislación, un proyecto de ley presentado en la Asamblea del Estado de Nueva York a principios de este año podría ser un presagio de lo que está por venir y podría ser utilizado como modelo por otros estados en respuesta a las acciones de estos malos actores.
La ley A.8860 de Nueva York cambiaría la ley para exigir a los gimnasios lo siguiente
- Aceptar la cancelación de un contrato por parte de un afiliado por cualquier motivo con un preaviso de 30 días.
- Reembolsar al afiliado según el contrato cancelado dentro de las 48 horas siguientes a la recepción de la notificación.
- Aceptar la notificación de cancelación en persona, por correo, por teléfono, a través de correo electrónico o en línea si el consumidor pudo celebrar el contrato en línea.
El primer requisito convertiría básicamente todos los contratos de los gimnasios en contratos de 30 días, permitiendo a los socios cancelar su contrato por cualquier motivo siempre que lo notifiquen con al menos 30 días de antelación.
Debido a la tormenta mediática y a las demandas, los legisladores estatales podrían verse impulsados a actuar e intentar legislar aún más la regulación de los contratos de afiliación a los clubes de salud, lo que sólo provocará más dolores de cabeza a los operadores de los clubes.